Editorial: “A orillas del Caribe hambriento un pueblo lucha, horrores prefiriendo a pérfida salud”

 





Frente a los hechos de la última semana relacionados con el Paro Nacional y la lucha de los derechos se han estigmatizado en varios medios de comunicación el accionar de los manifestantes, que en su mayoría protestaron frente a un Estado opresor , que desconoce de las realidades de su país, un Estado que no sólo le ha bastado  ver morir gente a falta de oportunidades, en medio del hambre, sin agua, con altos índices de violencia intrafamiliar, sino que ahora da órdenes autoritarias para acabar con todo aquel que en pie de lucha reclama lo que es suyo y de lo que la gran “Clase política” de Colombia ha tomado posición.


Varios medios comunicación registraron como noticias “los ataques violentos” y vimos inundadas las portadas de estos con carros incinerados y peajes perdidos y reconstruidos en menos de 24 horas. Lo que causa asombro y angustia es que la atención mediática se centre en ellos en vez de dar foco a las manifestaciones pacíficas mayoritarias lo que parece querer deslegitimar unas protestas que van mucho más allá de pedir el retiro de la Reforma Tributaria, la renuncia del ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla y el viceministro Juan Alberto Londoño, quien después de su renuncia fue nombrado Ministro de Comercio, un ascenso inoportuno en medio de los desdenes provocados en el país.


Los hechos de abusos policiales han originado la perdida de libertad, la perdida de la esperanza, una juventud atropellada, y es que nos olvidó que violencia es también, una familia sin recursos. Violencia es que se tenga miedo a salir a la calle siendo mujer, violencia es no saber si algún día podrás jubilarte, violencia son los falsos positivos utilizados en Colombia para evidenciar resultados y que según los políticos son lucha contra la guerra, son la bajas al narcotráfico y otros más. Violencia es que un niño de 7 años sea víctima mortal por incursión de la policía, donde se presentan abusos sexuales a mujeres manifestantes por parte de los mismo, donde aproximadamente se han perpetuado 672 detenciones arbitrarias, 940 casos de abuso policial, 30 casos de usos de arma de fuego por parte de la policía, 21 homicidios a manos de la fuerza pública.


No podemos seguir sometiéndonos y sometiendo a gente inocente. Se debe garantizar el legítimo derecho a la protesta y el respeto a los Derechos Humanos por parte de la Fuerza Pública, que hoy desangra el país.


Según la Defensoría del Pueblo, durante los cinco días que van de protestas en país hay más de 800 heridos. Con relación, la ONU y la Unión Europea han mostrado su preocupación por los abusos de las fuerzas policiales.


Frente al panorama, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó este martes su profunda preocupación por la reciente actuación de las fuerzas del orden en la ciudad colombiana de Cali que finalizaron con varios muertos y heridos. La portavoz del organismo, Marta Hurtado, explicó hoy ante los medios de comunicación en Ginebra que la Oficina en Colombia está tratando de verificar el número exacto de fallecidos y que busca determinar las circunstancias que condujeron a los incidentes en Cali.


“Hemos recibido información y hemos sido testigos del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad, uso de balas reales y golpes y detenciones, todo en un contexto muy volátil”, describió.


Dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para controlar la protesta, Hurtado llamó a la calma y recordó a las autoridades del país “su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica”.


La vocera también destacó que los agentes deben cumplir con “los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad a la hora de vigilar las manifestaciones” y advirtió que “las armas de fuego sólo pueden utilizarse como último recurso ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves”.


Por su parte, la representante de la Oficina de la Alta Comisionada en Colombia, Juliette de Rivero, explicó hoy en su cuenta de Twitter que mientras monitoreaban la situación de derechos humanos en Cali no se produjeron “disparos directos contra el equipo de ONU Derechos Humanos”.


Sin embargo, matizó que “otros miembros de la comisión recibieron amenazas y agresiones, así como disparos por parte de la policía, sin que nadie resultara impactado”, por ello pidió la investigación de estos sucesos y la correspondiente sanción de sus responsables.


Frente a este asunto, la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, advirtió que "ante las denuncias de posibles abusos por parte de miembros de la Policía" estará atenta a los resultados de las investigaciones disciplinarias anunciadas por parte de dicha institución, algunas de las cuales ya fueron asumidas por la Procuraduría.


“Así como hemos manifestado nuestra solidaridad con la Policía Nacional por los hechos criminales en los cuales han resultado heridos varios miembros de la Institución y un oficial muerto, también manifestamos que, si miembros de la fuerza pública no actúan de acuerdo con las normas establecidas, deberán ser investigados y deberán recibir las sanciones a que haya lugar”, señaló en un comunicado.

Directora AM

Andrea Ochoa Restrepo

 

 

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1 Reviews :

  1. Un editorial como pocos. Con criterio, mostrando la realidad del país, dando voz al pueblo, reconociendo que los medios han fallado en su primer objetivo : velar por la verdad.

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