Frente a los hechos de la última semana relacionados con el
Paro Nacional y la lucha de los derechos se han estigmatizado en varios medios
de comunicación el accionar de los manifestantes, que en su mayoría protestaron
frente a un Estado opresor , que desconoce de las realidades de su país, un
Estado que no sólo le ha bastado ver
morir gente a falta de oportunidades, en medio del hambre, sin agua, con altos índices
de violencia intrafamiliar, sino que ahora da órdenes autoritarias para acabar
con todo aquel que en pie de lucha reclama lo que es suyo y de lo que la gran “Clase
política” de Colombia ha tomado posición.
Varios medios comunicación registraron como noticias “los ataques
violentos” y vimos inundadas las portadas de estos con carros incinerados y
peajes perdidos y reconstruidos en menos de 24 horas. Lo que causa asombro y
angustia es que la atención mediática se centre en ellos en vez de dar foco a
las manifestaciones pacíficas mayoritarias lo que parece querer deslegitimar
unas protestas que van mucho más allá de pedir el retiro de la Reforma
Tributaria, la renuncia del ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto
Carrasquilla y el viceministro Juan Alberto Londoño, quien después de su
renuncia fue nombrado Ministro de Comercio, un ascenso inoportuno en medio de
los desdenes provocados en el país.
Los hechos de abusos policiales han originado la perdida de
libertad, la perdida de la esperanza, una juventud atropellada, y es que nos
olvidó que violencia es también, una familia sin recursos. Violencia es que se tenga
miedo a salir a la calle siendo mujer, violencia es no saber si algún día
podrás jubilarte, violencia son los falsos positivos utilizados en Colombia para
evidenciar resultados y que según los políticos son lucha contra la guerra, son
la bajas al narcotráfico y otros más. Violencia es que un niño de 7 años sea víctima
mortal por incursión de la policía, donde se presentan abusos sexuales a
mujeres manifestantes por parte de los mismo, donde aproximadamente se han
perpetuado 672 detenciones arbitrarias, 940 casos de abuso policial, 30 casos
de usos de arma de fuego por parte de la policía, 21 homicidios a manos de la
fuerza pública.
No podemos seguir sometiéndonos y sometiendo a gente
inocente. Se debe garantizar el legítimo derecho a la protesta y el respeto a
los Derechos Humanos por parte de la Fuerza Pública, que hoy desangra el país.
Según la Defensoría del Pueblo, durante los cinco días que
van de protestas en país hay más de 800 heridos. Con relación, la ONU y la
Unión Europea han mostrado su preocupación por los abusos de las fuerzas
policiales.
Frente al panorama, la Oficina de la Alta Comisionada de la
ONU para los Derechos Humanos expresó este martes su profunda preocupación por
la reciente actuación de las fuerzas del orden en la ciudad colombiana de Cali
que finalizaron con varios muertos y heridos. La portavoz del organismo, Marta
Hurtado, explicó hoy ante los medios de comunicación en Ginebra que la Oficina
en Colombia está tratando de verificar el número exacto de fallecidos y que
busca determinar las circunstancias que condujeron a los incidentes en Cali.
“Hemos recibido información y hemos sido testigos del uso
excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad, uso de balas reales y
golpes y detenciones, todo en un contexto muy volátil”, describió.
Dada la situación extremadamente tensa, con soldados y
policías desplegados para controlar la protesta, Hurtado llamó a la calma y
recordó a las autoridades del país “su responsabilidad de proteger los derechos
humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de
facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica”.
La vocera también destacó que los agentes deben cumplir con
“los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad a la
hora de vigilar las manifestaciones” y advirtió que “las armas de fuego sólo
pueden utilizarse como último recurso ante una amenaza inminente de muerte o de
lesiones graves”.
Por su parte, la representante de la Oficina de la Alta
Comisionada en Colombia, Juliette de Rivero, explicó hoy en su cuenta de
Twitter que mientras monitoreaban la situación de derechos humanos en Cali no
se produjeron “disparos directos contra el equipo de ONU Derechos Humanos”.
Sin embargo, matizó que “otros miembros de la comisión
recibieron amenazas y agresiones, así como disparos por parte de la policía,
sin que nadie resultara impactado”, por ello pidió la investigación de estos
sucesos y la correspondiente sanción de sus responsables.
Frente a este asunto, la consejera presidencial para los
Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, advirtió que "ante las
denuncias de posibles abusos por parte de miembros de la Policía" estará
atenta a los resultados de las investigaciones disciplinarias anunciadas por
parte de dicha institución, algunas de las cuales ya fueron asumidas por la
Procuraduría.
“Así como hemos manifestado nuestra solidaridad con la
Policía Nacional por los hechos criminales en los cuales han resultado heridos
varios miembros de la Institución y un oficial muerto, también manifestamos
que, si miembros de la fuerza pública no actúan de acuerdo con las normas
establecidas, deberán ser investigados y deberán recibir las sanciones a que
haya lugar”, señaló en un comunicado.
Directora
AM
Andrea
Ochoa Restrepo
Actualidad Metropolitana es un medio de comunicación independiente con información local, nacional e internacional.
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