Cuando el poder se burla del dolor

Opinión- Actualidad Metropolitana

Martes 20 de enero de 2026

Por: Leonardo Tangarife Aguirre

Hace unos días, la Secretaría de Salud de Antioquia, encabezada por Marta Cecilia Ramírez, ofreció una rueda de prensa que encendió las alarmas en todo el departamento. La preocupación no era menor: la red hospitalaria de Antioquia enfrenta una asfixia financiera producto de las deudas acumuladas de las EPS, que ya superan los 8 billones de pesos.

Sin embargo, la imagen que marcó a la opinión pública fue la del gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, Horacio Arroyave. Visiblemente afectado, Arroyave expresó entre lágrimas la angustia de 420 trabajadores que, desde octubre del año pasado, no reciben su salario. La causa es una crisis financiera derivada de millonarias deudas de entidades como la Nueva EPS —actualmente intervenida por el Gobierno Nacional—, que adeuda cerca de 8.750 millones de pesos a este centro asistencial.

Que un gerente de hospital llore en público no es un acto de cálculo político ni de estrategia comunicativa; es la manifestación humana de un sistema que se resquebraja. En Itagüí, ese llanto reflejó la impotencia de médicos, enfermeras y personal administrativo que, pese a la precariedad, continúan sosteniendo la atención en salud de miles de ciudadanos. La dignidad del trabajo en el sector salud merece respeto y respuestas concretas.

Lo verdaderamente preocupante no fue el llanto, sino la reacción posterior del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, al afirmar que “los ricos también lloran”. Más allá de lo desafortunado de la expresión, esta refleja una preocupante desconexión frente a la gravedad de la situación que atraviesan los trabajadores de la salud y los pacientes que dependen del Hospital San Rafael, incluidos habitantes de varios municipios del suroeste antioqueño.

Aquí no se trata de discursos ideológicos ni de gestos simbólicos. Se trata de obligaciones institucionales. El Gobierno Nacional mantiene deudas con las EPS; estas, a su vez, adeudan recursos a los hospitales; y los hospitales, sin flujo financiero, no pueden cumplir con su personal. Esta cadena de incumplimientos no se origina en los municipios, sino en decisiones estructurales que hoy tienen consecuencias humanas evidentes.

En este contexto surge un cuestionamiento político legítimo. El alcalde de Itagüí, Diego Torres, cercano al Gobierno Nacional, fue visto en mayo del año pasado participando en un evento público junto al ministro de Salud. Resulta llamativo que, pese a esa cercanía institucional y al tiempo transcurrido, no se evidencien gestiones públicas contundentes para que el ministro conociera directamente la situación crítica del Hospital San Rafael o para destrabar soluciones concretas. Mientras se priorizaban escenarios de carácter político, la crisis hospitalaria continuaba profundizándose.

Llama la atención, además, que las exigencias del mandatario local se concentren en el nivel departamental, mientras que frente al Gobierno Nacional —donde se encuentra el origen principal de los incumplimientos financieros— el tono haya sido visiblemente más prudente. Esta selectividad en la exigencia merece una reflexión pública: ¿por qué la presión institucional no se ejerce con la misma firmeza ante todos los niveles de gobierno responsables?

La defensa de la salud pública no puede estar supeditada a afinidades políticas. El Hospital San Rafael no distingue ideologías; atiende personas. Atiende a trabajadores, adultos mayores y niños que reclaman un derecho fundamental, no un favor administrativo.

Minimizar el sufrimiento desde posiciones de poder, desentenderse de las deudas mientras se enarbola un discurso de sensibilidad social, o guardar silencio ante una crisis evidente, son actitudes que erosionan la confianza ciudadana y agravan la situación del sector salud.

Itagüí no es un escenario de caricaturas ni de frases ligeras. Es un municipio de gente trabajadora y de profesionales de la salud agotados, pero comprometidos. La salud pública no se gestiona con declaraciones desafortunadas ni con silencios estratégicos. Se gobierna cumpliendo, pagando y dando la cara. Lo demás es retórica vacía.