La guerra en Colombia

Opinión- Actualidad Metropolitana

31 de octubre de 2022

Por: Mahdi Ahmed Lagos Mehraban

Después de una completa trayectoria por el contexto que nos da el autor José Reinel Sánchez (2004) respecto de “Una Respuesta a la Pregunta ¿Qué es la guerra?” se hace más llevadero el hecho de entender el marco del conflicto armado en Colombia pues ha sido un acontecimiento histórico que nos sigue acompañando después de largas décadas, y es que ha sido tan persistente el conflicto interno que hemos tenido que vivir y llevar a cuestas los colombianos que lo hemos ido normalizando.

No obstante, es importante aclarar que no se debe hacer caso omiso al mismo sino empezar a generar cambios que contribuyan al alcance de una verdadera paz, esa paz que hemos buscado y anhelado por tantos años y así gozar de la dignidad inherente al ser humano, esa paz como garantía por parte del Estado Social de Derecho que consagra la Constitución Nacional y que obviamente merecemos pero que parece ser una utopía por la realidad que implican los efectos del fenómeno de la guerra.

Ciertamente, el conflicto en nuestro país tiene una serie de acontecimientos históricos que datan aproximadamente desde el año 1960. Sin embargo, hay reseñas que nos llevan al siglo XIX cuando se dieron las diferentes guerras civiles de trascendencia nacional, así como la llamada “guerra de guerrillas” después de la independencia.

De igual modo, cuando se construyeron dos bloques de enfrentamiento, como el que se dio entre los llamados “liberales” por un lado y “conservadores”, por otro que veían en la guerra el medio para llegar al poder y quedarse con este. Esa conducta parece haber dejado herencia en la memoria de algunos colombianos pues actualmente no solo son liberales y conservadores en razón del cambio significativo y la evolución de los partidos, sino que ahora se suma la influencia que tiene cada uno de los máximos representantes de algunos partidos sobre millones de personas de acuerdo a sus diferentes perspectivas, visiones, objetivos e intereses particulares al punto de sumergir a millones de compatriotas en una polarización política en dos extremos opuestos como la derecha y la izquierda, incluso se puede decir que es el caso de los denominados “uribistas y petristas”, situación que es bien aprovechada por sus líderes bien sea para llegar al poder o para no desprenderse de este.

En consecuencia, se siguen generando cada vez más conflictos internos que hacen que grupos sociales desplieguen acciones como acudir a la violencia generando otros hechos sociales que estimulan la pobreza en el país por mencionar alguno.

Así las cosas, distintos grupos armados que han alentado la guerra en nuestro país son las organizaciones paramilitares, terroristas y narcotraficantes con ideología ultraderechista, muestra de ello son las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo terrorista que ha dejó miles de víctimas en Colombia producto de asesinatos, torturas, masacres y desplazamiento forzado.

Según las Naciones Unidas el mencionado grupo paramilitar ha sido responsable del 80% de los ataques y asesinatos contra la población civil, como efecto del conflicto armado interno en nuestro país.

A pesar de la desmovilización que se dio en el mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2003 - 2006) en el que varios miembros e importantes comandantes del grupo armado acabaron siendo judicializados y extraditados a los Estados Unidos como narcotraficantes, otros integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia formaron nuevos grupos disidentes manifiestos como neoparamilitares y denominados como Bandas Criminales Emergentes mejor conocidas como las (BACRIM, GDO, GAOR) incluso otros grupos armados conocidos como las Águilas Negras y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia más sonadas como el (Clan del Golfo, Clan Úsuga, Los Urabeños) actualmente considerado como el grupo más grande, peligroso y mejor organizado del país por la cantidad considerable de combatientes, cuyos fines narco paramilitares han generando más conflictos internos aportando fuerza a la guerra pues como lo afirma el filósofo Sánchez le da ese “carácter casi cotidiano que puede generar un desencantamiento de la condición humana y una frustración en lo que respecta a la paz futura”

Así mismo, pasa con los grupos de las guerrillas, por ejemplo las FARC que buscan un propósito político, una especie de soberanía por lo que acuden a la guerra para conseguir su objetivo teniendo como mecanismo una lucha armada, violenta y astuta “en donde casi todo está permitido incluso la traición a los pactos” (Sánchez, 2004, p. 6).

Por eso es que pese a los acuerdos de paz celebrados entre el gobierno Santos y el entonces grupo terrorista se han seguido formando grupos que desacatan y desafían esos pactos evidenciando la escasa disposición de dejar las armas justificado en la poca voluntad por parte del gobierno como alias Iván Mordisco, al igual que Luciano Marín Arango más conocido como alias Iván Marquez, que generaron nuevas disidencias de las FARC-EP quienes además fueron catalogados por el gobierno como Grupos Armados Organizados Residuales y conocidos también como “la segunda Marquetalia”, “Estado Mayor Central” entre otros, que han generado una vez más un conflicto armado interno que genera otros hechos sociales a raíz de su propósito de control territorial por conducto de la realización de actividades ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la minería ilegal y otras vías de hecho.

Si bien como lo expresa Sánchez, la guerra es una actividad humana para resolver conflictos que está “estrechamente vinculada a la política pues la una no puede existir sin la otra”, como también lo afirma Bobbio, la primera también susceptible de control. En Colombia parte de ese control puede darse con las consecuencias jurídicas aplicables a los diferentes tipos penales, tanto como la pérdida de beneficios a los que pueden acogerse al momento de celebrar los acuerdos, ejemplo de ello es la desmovilización para el reintegro a la vida civil.

Además, un claro ejemplo de los beneficios es el caso del actual presidente el señor Gustavo Petro, quien a pesar de haber sido miembro del grupo guerrillero urbano de corte socialista conocido como M-19 y quien para su época motivó uno de los episodios violentos más funestos que ha vivido Colombia con arreglo a que muchos jóvenes decidieron “levantarse en armas”, por el estado de sitio que vivía Colombia no tuvo que ser procesado ni condenado por juez alguno pues aplicó a la figura del indulto en nuestro país por tratarse de delitos políticos, además que el señor Petro se acogió al proceso de paz en 1990, cuando se firmó el acuerdo el 9 de marzo de ese año declarando que la guerra no era la solución y entregando las armas.

Actualmente, el presidente Petro, se la está jugando toda en busca de conseguir lo que ha denominado la “Paz Total” como política de Estado por lo que ha tratado de negociar con grupos alzados en armas que durante años han sumido al país en acciones violentas como las masacres que se viven a diario, hechos que han abandonado las obligaciones morales que caracterizan la guerra y que ya no solo persigue fines políticos sino de carácter económico y de lucha de poder por la conveniencia que les da el mal negocio del narcotráfico y que ha disparado otros tipos de guerras que han generado confrontaciones entre esos grupos armados de carácter destructivo utilizando la fuerza para imponer su voluntad a sus adversarios.

A la postre, una luz verde es el hecho de que este 26 de octubre de 2022 el Congreso de la República aprobó la “ley de Paz Total”, autorizando al presidente Gustavo Petro Urrego a buscar la paz con grupos guerrilleros como las disidencias de las FARC y otros grupos armados que además tienen vínculos con el narcotráfico por medio de negociaciones y supeditados por la justicia.

Por ahora nos queda esperar que se pueda desarrollar de la mejor manera sin perder la esperanza en que se pueda debilitar la guerra y ¿por qué no?, ponerle fin a ese pensamiento utópico que nos garantice el “derecho y el deber de obligatorio cumplimiento a la paz” como lo establece la Constitución Política de Colombia.

*La opinión plasmada en esta columna de opinión es personal y no compromete a Actualidad Metropolitana.