Políticas públicas- Actualidad Metropolitana
Por: Andrea Ochoa Restrepo
Viernes 9 de julio de 2021
El enfoque de mujer y género se ha incorporado de manera progresiva en los diferentes procesos que se implementan en la prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral para las víctimas durante los 10 años de la Ley de Víctimas, aunque el progreso no implica que falta acontecimientos por tratar, mayor celeridad en la protección de la mujer y más políticas que afiancen la equidad.
La Ley 2078 del 8 de enero de 2021, sancionada por el presidente Iván Duque -que prorroga la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras hasta el año 2031- tiene como propósito la no regresividad en los derechos adquiridos por las víctimas, compromiso ratificado a través de la aprobación del Conpes 4031, el cual contiene las principales acciones y metas de las entidades nacionales en la política pública de atención y reparación a víctimas para los próximos 10 años.
De esta manera, el Gobierno nacional argumenta "su compromiso decidido por seguir avanzando y fortaleciendo la implementación del enfoque diferencial y de género en la política pública de víctimas".
En el contenido del CONPES se busca materializar la atención a las problemáticas que enfrentan las mujeres en el marco del conflicto, en una oferta específica de las entidades nacionales que responde a los riesgos de género y a las vulnerabilidades acentuadas de las mujeres.
En este sentido, el CONPES 4031 cuenta con un anexo de enfoque diferencial y de género que agrupa y visibiliza 50 acciones específicas o generales establecidas por las diferentes entidades nacionales para la atención y reparación a las mujeres víctimas del conflicto, entre las que se destacan brindar servicios de salud a mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, implementar una estrategia pedagógica para prevenir la discriminación y la estigmatización, servicios de orientación a mujeres víctimas para la identificación y cierre de brechas que faciliten su inserción laboral, apoyo al emprendimiento de mujeres víctimas del conflicto armado y rehabilitación psicosocial, entre otras.
Finalmente, la inclusión del enfoque diferencial y de género se mantendrá como un principio fundamental de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, a través de acciones concretas en los diferentes planes, programas y proyectos con el fin de avanzar en la garantía de los derechos, de una manera diferenciada, a los Sujetos de Especial Protección en las medidas de atención, asistencia y reparación integral.
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