Por. Andrea Ochoa Restrepo
A través de un comunicado de la Mesa Antioquia por la transformación del Sistema de Salud en Colombia argumentó varios puntos frente a la vacunación como parte de la solución a la pandemia. A nivel global es evidente la baja solidaridad de los países más ricos al acumular la mayor parte de la producción de vacunas con una visión nacionalista que afecta la gobernanza global para el manejo de la pandemia.
Según afirmó la Mesa Antioquia “Estos, con la
industria farmacéutica, la Organización Internacional del Comercio y con el
apoyo de gobiernos, como el de Colombia, han propiciado que la vacuna sea un
bien privado, sujeto a las leyes del mercado y no un bien común, como fue la
solicitud de Naciones Unidas y de la OMS. Esta decisión impide un manejo
solidario y pertinente en esta coyuntura global frente a la pandemia”.
Así mismo, la entidad enfatizó “El gobierno de Colombia se
ha equivocado, con relativa frecuencia, en el manejo de la pandemia con
respuestas tardías que han costado vidas en los grupos más vulnerables de la
nación. En las negociaciones para las vacunas se limitaron a formalizar en la
fase inicial, sólo con dos proveedores y negaron la posibilidad por razones
ideológicas de negociar con China y Rusia. Estos, han sido los países que
posteriormente han actuado con celeridad y solidaridad para el suministro de
los biológicos”.
Por otro lado, agregaron que: El manejo del Plan de
Vacunación en su fase inicial, ha sido desacertado al dirigir los recursos y el
proceso a través de los intermediarios del sistema de aseguramiento,
(EAPB/EPS), utilizando sus bases de datos, desactualizadas en su mayoría, y
colocar en ellos, la responsabilidad de autorizar el pago para las IPS. Esta
medida, en la primera fase ha mostrado ineficiencia y ha generado un ritmo
lento para la aplicación de las escasas vacunas disponibles. Las Secretarias de
Salud en los territorios han tenido que asumir la iniciativa y abrir puntos
masivos de vacunación, respetando la fase, para acelerar y ser eficientes. El
ritmo de vacunación debe duplicarse y luego triplicarse si se quiere cumplir
con la meta de tener una cobertura del 70 % en el 2021.
En cuanto a la participación del sector privado, la Mesa Antioquia expresa que es bienvenida para apoyar la financiación de las vacunas en forma solidaria y respetando la autoridad nacional para su distribución, según las prioridades aprobadas.
“Sin embargo, abrir la puerta para que el
sector privado ofrezca y entregue biológicos a sus trabajadores, en tiempos de
escasez, lo único que genera es inequidad y “saltarse la fila” pagando directa
o indirectamente. Por otro lado, en caso de una mayor disponibilidad de vacunas
y de que se abriera la posibilidad de venta directa del biológico para Covid-19
por parte de los fabricantes autorizados en Colombia, sugerimos que las únicas
instituciones privadas que podrían efectuar esas negociaciones y prestar el
servicio en el territorio nacional sean aquellas que a diciembre de 2019
estaban habilitadas para prestar el servicio dentro del esquema nacional de
vacunación y mantengan vigente esa habilitación”. Agregó la entidad.
Frente a la situación concluyeron: “En todo caso, la
prestación del servicio deberá estar bajo la coordinación y supervisión de las
Secretarías Departamentales o Distritales de Salud correspondientes.
Recomendamos, que el gobierno nacional, cumpla con el Decreto Presidencial 109
de 2021 que plantea lo siguiente: “Artículo 26. Centralización de las
actividades de importación y aplicación de las vacunas contra el COVID -19. El
Ministerio de Salud y Protección Social será la única entidad encargada de
importar las vacunas contra el COVID - 19 que se apliquen en la ejecución del
Plan Nacional de Vacunación”.
Es decir, la misma entidad determinará el momento en el que
personas jurídicas públicas y privadas podrán importar, comercializar y aplicar
las vacunas contra el COVID -19, así como las condiciones que deberán cumplir
para el efecto, previa recomendación de las instancias de coordinación y
asesoría con las que cuente. “Desde la aprobación y puesta en marcha de la ley
100, hace 28 años, se ha observado cómo el sector privado ha manejado
prácticamente la prestación de los servicios de salud, teniendo como
protagonistas a las entidades administradoras de planes de beneficios llamadas
EPS”.
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