Por: Banco Interamericano de Desarrollo - Nayia Barmpaliou, Jefa de Políticas e Iniciativas Públicas Centro para la Ciberseguridad.
La pandemia mundial del COVID-19 ha marcado un punto de inflexión fundamental en nuestra senda mundial y ha acentuado como nunca antes nuestra dependencia de la infraestructura digital. Si bien esta crisis ha expuesto las deficiencias estructurales que nuestra sociedad ha venido acarreando en múltiples sistemas –tales como salud, economía, empleo y educación–, también ha resaltado el papel catalizador de la tecnología en la forma en que hemos enfrentado colectivamente la pandemia.
En un lapso de tres meses, experimentamos una aceleración de la transformación digital que se había anticipado que ocurriría en tres años. Con el tiempo, nuestra transición a la era “digital de todo” ha reconfigurado profundamente nuestra vida profesional y personal. Incluso en el entorno más disruptivo de la pandemia, Internet y la infraestructura digital global han hecho posible la provisión de servicios esenciales, han permitido a las empresas continuar operando y han sostenido nuestros contactos sociales individuales.
Incluso antes de la pandemia, las brechas de ciberseguridad y las filtraciones de datos se estaban convirtiendo en los principales obstáculos de la economía digital. Los cibercriminales aprovechan rápidamente los nuevos vectores de ataque y se benefician de los vacíos en la cooperación de las fuerzas del orden público en las diferentes jurisdicciones, dada la naturaleza inherentemente transnacional de sus actividades maliciosas. A su vez, el riesgo de ataques cibernéticos en infraestructura crítica y fraude o robo de datos ha sido siempre una prioridad para los líderes empresariales a nivel mundial.
Según el Informe de Riesgos Globales 2020 del Foro Económico Mundial, el riesgo de ciberataques a la infraestructura crítica y el fraude o robo de datos se clasificaron entre los 10 principales riesgos con mayor probabilidad de ocurrir, mientras que la reciente Perspectiva de Riesgos del COVID-19 del Foro Económico Mundial identificó los ciberataques como la tercera mayor preocupación debido a nuestra actual y sostenida transición hacia los patrones de trabajo digital.
Los datos disponibles respaldan estas preocupaciones; se estima que los daños por delitos cibernéticos alcanzarán los US $ 6 billones para 2021, lo que equivale al producto interno bruto (PIB) de la tercera economía más grande del mundo. Además del costo financiero, el cibercrimen y los ciberataques socavan la confianza de los usuarios en la economía digital. Las encuestas indican que, de la población mundial con acceso a Internet, menos del 50% confía en que la tecnología mejorará sus vidas, lo que demuestra una creciente y profunda falta de confianza con respecto a la privacidad de los datos.
Estas tendencias son pertinentes pertinentes para la región de América Latina y el Caribe (ALC), que en los últimos cinco años ha sido testigo de una enorme expansión en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). A medida que la región avanza cada vez más hacia la economía digital, aumenta la necesidad de garantizar la confianza digital.
Los protocolos de gestión de riesgos de seguridad digital y protección de la privacidad responsabilidades responsabilidades compartidas por los gobiernos, el sector privado y los usuarios individuales en una economía cada vez más impulsada por los datos. Gracias a la priorización de la creación de capacidad de seguridad cibernética en la agenda de desarrollo de la región, producto de los esfuerzos coordinados e intensificados del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) en los últimos años, la necesidad de integrar la ciberseguridad y la lucha contra el cibercrimen en las estrategias y políticas digitales de la región también se ha reflejado al más alto nivel como parte de la “Propuesta de Agenda Digital para América Latina y el Caribe.
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