Opinión- Actualidad Metropolitana
Por: Leonardo Tangarife Aguirre
Miércoles, 28 de octubre de 2026
Colombia obtuvo 37 puntos sobre 100 en el más reciente Índice de Percepción de la Corrupción, ubicándose en el puesto 99 entre 182 países evaluados. Esta evaluación dice mucho en el papel que juegan los políticos, los órganos de control y la justicia, y cómo los colombianos nos acostumbramos a vivir en medio de este flagelo.
Las últimas semanas los titulares de las noticias en Colombia se han llenado de casos de políticos en juicio, porque al parecer usaron el poder para repartir el erario público, como si fuese su mercado. Organizados, eso sí, como organizaciones criminales al servicio de los intereses de unos pocos, menos del pueblo que los eligió.
Es vergonzoso, ver cómo las personas que llegan a un cargo público por elección popular o por designación de un gobernante, en un ministerio o en organismos del sector público, terminan frente a un juez por casos relacionados con: corrupción, abuso de poder, manipulación de testigos, compra de votos, pago de coimas, interés indebido en celebración de contratos, entre otros innumerables casos. Con esto no solo acaban con la confianza ciudadana, sus actos dejan en la comunidad: obras atrasadas, elefantes blancos, desfalcos a las finanzas públicas, ponen en juego la seguridad y la vida de las personas.
La corrupción en su forma más simple, es la traición al mandato que los ciudadanos confiaron en sus dirigentes, es el robo más silencioso, con esto se pierden: las oportunidades de todos, la salud, el deseo de mejorar la calidad de vida, el desarrollo empresarial y con este el empleo de los ciudadanos.
Sin embargo, el papel que juegan los ciudadanos en este círculo vicioso es crucial. Quien vende su voto por un plato de fríjoles, una fiesta o por plata, mañana verá las consecuencias en su calidad de vida, porque el ciudadano también es corrupto cuando se deja comprar, porque la corrupción no solo se alimenta desde el poder, o desde quienes manejan el poder tras bambalinas, se encuentra en los ciudadanos que le ponen precio a su dignidad.
Casos terribles como el de Olmedo López y Sneyder Pinilla con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGR) durante el Gobierno de Gustavo Petro, quienes quedaron comprometidos en una trama de irregularidades relacionada, entre otros hechos, con los sobrecostos en la compra de carrotanques para La Guajira y el presunto direccionamiento irregular de recursos públicos.
En Antioquia, casos de presunta corrupción, salpica a figuras políticas de Itagüí. Misael Cadavid, excomandante de Bomberos de Itagüí, testigo estrella de la Fiscalía, mencionó en sus declaraciones presuntos ofrecimientos de políticos de Itagüí, relacionados con asistencia jurídica y posibles irregularidades relacionadas con la contratación pública, nómina corbata y pagos de "coimas" en oficinas oficiales. Sus testimonios hacen parte de la investigación que involucra a Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien se encuentra imputado por la Fiscalía y cumple con medida de prisión domiciliaria, por presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana.
A estos casos, se suman recientemente, las denuncias publicadas por la Revista Semana, en las que Deicy Alejandra Jiménez, señala al expresidente Gustavo Petro, por un presunto intercambio de favores sexuales a cambio de contratos y denunció una presunta red que los medios denominaron "mariposas amarillas" en el que participaron supuestamente más de 30 mujeres durante el gobierno anterior. Jiménez, anunció que presentará las denuncias y las pruebas correspondientes oficialmente ante la Fiscalía.
Lo anterior, invita a reflexionar algo, la corrupción no es únicamente un problema relacionado con un gobierno de turno, sino un déficit de exigencia por parte del ciudadano que ejerce control a las entidades públicas. En la actualidad Colombia cuenta con un gran andamiaje institucional, estos son: la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, las veedurías que fueron reglamentadas desde el año 2003, pero a veces estos organismos se quedan en el papel, pues el problemas a veces no es la ausencia de reglamentación, sino la debilidad de la aplicación y la desconexión o desinterés por parte de la ciudadanía y esas herramientas de control social que la ley le entrega.
El año 2027, será una oportunidad de romper esa tendencia. En las elecciones locales que justamente se realizarán el 31 de octubre, se eligirán en Colombia a los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles. Pero la pregunta que le dejo a los ciudadanos es: ¿seguiremos eligiendo motivados por maquinaria política, favores, conveniencia, o por publicidad? ¿o por el contrario, nos daremos la oportunidad de conocer mejor la trayectoria política de los candidatos y la transparencia de éstos?

El voto debe ser a conciencia libre y sin favores.
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