Políticas Públicas- Actualidad Metropolitana
17 de junio de 2021
Por: Andrea Ochoa Restrepo
Una política exterior feminista no solo significa que los Estados garantizan los derechos de las mujeres dentro y fuera de las fronteras de su territorio. También implica la promoción del multilateralismo con el fin de abordar de forma coordinada los nudos estructurales de la desigualdad de género, aspecto clave para lograr una recuperación transformadora con igualdad en la región.
Las mujeres son altamente discriminadas, dentro de las condiciones sociales y económicas, un hecho que no sólo se da por aspectos culturales sino que son cada vez marcados por los tomadores de decisiones y a su vez, son plasmados en el tejido empresarial, quienes demandan menos los servicios de la mujer y por pagos menores en comparación con los niveles salariales de los hombres. Esto argumentado desde las variables (por el hecho de ser mujer, mamá, por estar sujetas a mayores permisos laborales, etc). Condiciones sociales que limitan el acceso a la mujer a los mercados y por consiguiente a la vida digna.
Es entonces que para una recuperación con igualdad en la región no sólo se requiere de las acciones nacionales (insuficientes), esto lo demuestran las asimetrías, por ejemplo, en materia de acceso equitativo a las vacunas.
Con relación a ello, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) explicó: “México es el primer país de América Latina y el Caribe con una política exterior feminista y se suma a los esfuerzos de otros países como Suecia, Canadá, España, Francia y Noruega. Quiero destacar el gran liderazgo de México, de su Canciller, de sus consulados y embajadas, como actores globales y regionales empeñados en que la igualdad de género y la autonomía de las mujeres sea una realidad”.
Cuatro iniciativas concretas para impulsar esta política: la Alianza Global de Cuidados en el marco del Foro Generación Igualdad, que México lidera junto con Francia y ONU Mujeres, y que cuenta con la participación de la CEPAL; el Plan de Desarrollo Integral (PDI) para el norte de Centroamérica y México, que se describe como “la llave para atender las causas estructurales de la migración”; la convocatoria a más de 20 países que han respondido para integrar un Grupo de Amigos y Amigas por la Igualdad de Género junto con la Organización de las Naciones Unidas (ONU); y la integración de la perspectiva de género en la política comercial.
Cabe destacar que la pandemia ha generado una de las peores crisis que ha vivido América Latina y el Caribe, con una caída de 7,1% del PIB en 2020, y el cierre de cerca de 2,7 millones de empresas. “La actual crisis ha generado un retroceso de más de 18 años en materia de participación laboral de las mujeres en América Latina y el Caribe. Esto es gravísimo. La tasa de participación laboral de las mujeres se situó en 46% en 2020, mientras que la de los hombres en 69%. Hay una contundente salida de las mujeres del mercado laboral, además de un aumento de la informalidad y el desempleo”, indicó la Secretaria.
La crisis por COVID-19, alertó, ha intensificado la sobrecarga de trabajo de cuidados no remunerado sobre las mujeres, que ya dedicaban tres veces más tiempo que los hombres a estas labores.
En nuestra región, las mujeres representan el 51,7% de los 42,9 millones de personas migrantes latinoamericanas y caribeñas. Ellas migran por distintas razones, tales como la pobreza, la falta de oportunidades, el deterioro ambiental, la violencia y otros motivos que afectan su bienestar o el de sus familias.
Los países de América Latina y el Caribe han abordado en profundidad el tema de la migración en el marco de la Agenda Regional de Género construida al alero de la CEPAL desde 1977, sostuvo la máxima representante de la CEPAL. “Se requiere adoptar acuerdos de cooperación entre los países, como se está haciendo en el norte de Centroamérica y México, para garantizar justamente condiciones de trabajo decente, la prevención y atención a las situaciones de violencia —en particular la violencia sexual—, la trata de personas, y el acceso no discriminatorio a los servicios de salud y a la protección social integral”, agregó la funcionaria.
Bárcena recalcó que, “las desigualdades -y la desigualdad de género en particular- son rasgos estructurales de América Latina y el Caribe, por lo que, para erradicarlas, se requiere cambiar el paradigma de desarrollo dominante, la cultura del privilegio y el patriarcado”. Algunas propuestas concretas de la CEPAL para desatar estos nudos estructurales -dijo- son avanzar en la plena inclusión digital de las mujeres, en una recuperación productiva con plena participación económica de las mujeres y en la construcción de una sociedad del cuidado.
“La actual crisis nos ofrece la oportunidad de construir pactos sociales y económicos para transitar hacia un futuro feminista y erigir lo que hemos denominado ‘una sociedad del cuidado’, una sociedad que priorice la infraestructura de la vida y que cuide el planeta, las familias, las personas mayores, los niños y niñas, las personas con discapacidad. No es una tarea solo para las mujeres, es de toda la sociedad”, aseveró.
“La sociedad del cuidado es una propuesta basada en la economía feminista y en la Agenda Regional de Género, que busca poner la sostenibilidad de la vida en el centro de una recuperación transformadora y con igualdad de género”, concluyó.
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